Parlamento de Argentina aprueba una medida que limite la cantidad de tierra que pueden ser adquiridas por extranjeros

La fluctuación de los precios de los productos básicos, en particular con respecto al precio de los alimentos y productos básicos, han creado una importante demanda de tierras de cultivo. La demanda de tierras de cultivo, a su vez, impulsó la tierra rural de la Argentina de precios y provocó una oleada de inversión extranjera. En respuesta a la adquisición de tierras por extranjeros, la Argentina aprobó recientemente una ley que impone varias restricciones sobre la propiedad extranjera de tierras rurales.

El 22 de diciembre de 2011, el Parlamento de Argentina aprobó una ley que limita la cantidad de extranjeros de tierras rurales pueden comprar en la Argentina (la “Ley”). El Parlamento estableció el “Consejo Interministerial de Tierras Rurales” para implementar esta ley. “La tierra rural” se define como toda la tierra que está fuera de una zona urbana. Una “zona urbana” es cualquier área con 2.000 o más habitantes. En base a esta definición, la mayoría de la superficie terrestre de la Argentina se clasificará como zona rural. La propiedad total extranjera de la tierra rural no puede superar el 15% de la superficie total de la Argentina. No más del 15% del 30% (por ejemplo, 4,5% de la superficie total de Argentina) pueden ser adquiridos por personas o entidades de la misma nacionalidad. Cualquier individuo o entidad en particular se limita a no más de 1000 hectáreas (24.710 acres) de tierras rurales.

La Ley no se aplicará con carácter retroactivo y no afecta a los propietarios extranjeros existentes. La adquisición de tierras en ciertas áreas designadas como “zonas de seguridad” (cerca de las fronteras de la Argentina) requerirá una nueva aprobación por el Ministerio del Interior de la Argentina.

En la actualidad, el gobierno de Argentina no ha realizado una encuesta para determinar la proporción exacta de la tierra argentina en manos extranjeras. A tal efecto, la Ley prevé un censo de las tierras argentinas pertenecientes a los extranjeros. Los propietarios extranjeros de tierras rurales están obligados a reportar su propiedad en el Registro Nacional de Tierras Rurales dentro de los 180 días de la promulgación de la ley. Las personas juridicas extranjeras que poseen tierras rurales ahora estarán obligadas a informar de cualquier modificación en su estructura corporativa dentro de los 30 días a partir de esa modificación.

El Consejo de Ministros de Tierras Rurales será el encargado de hacer cumplir la ley. Cualquier acción que infrinja la misma será considerada nula y sin efecto. Por otra parte, cualquier infractor no tendrá derecho a pedir indemnización por la transacción anulada.

Hay varias consideraciones que una persona jurídica o física extranjera debe tener en cuenta con respecto a esta ley. En primer lugar, la Ley no regula ni restringe los contratos de arrendamiento. Se les permite a las empresas arrenda, sin limitaciones en la cantidad de tierra arrendada. En segundo lugar, la Ley no especifica la forma de determinar la nacionalidad de una entidad con accionistas de diversas nacionalidades. Debido a que determinadas nacionalidades extranjeras se aproximan al límite del 4,5% a la propiedad extranjera de una nacionalidad en particular, esta ambigüedad se vuelve muy importante. En tercer lugar, las entidades empresariales argentinas que están controladas por extranjeros o que tienen más del 50% de su capital social en manos de extranjeros estarán sujetos a la ley.

Para evitar problemas, las entidades extranjeras que estén considerando la compra de tierras en la Argentina deberían buscar asesoría legal para asegurar que su compra se ajusta a la ley.